Investigación exclusiva de Oeste Rioja

Una profunda investigación iniciada en el Estado de Brasil por organismos de defensa del consumidor y el Ministerio Público encendió las alarmas sobre el accionar de la Cámara de Comercio de Integración Internacional (CIIC Brasil) y sus principales referentes. Tras la abrupta postergación de la Expo CIIC 2026, prevista inicialmente para finales de junio en Arroio do Sal, las denuncias por dinero no restituido y promesas incumplidas comenzaron a acumularse rápidamente en despachos judiciales y administrativos del país vecino.

Según confirmaron fuentes oficiales de organismos brasileños de defensa del consumidor, las actuaciones buscan determinar formalmente la ruta del dinero, la identidad de quienes administraron los fondos de los expositores y si existió una maniobra sistemática de captación e indebida retención de divisas.

**Aldo Azzarelli junto al intendente Hugo Páez de Felipe Varela en Chilecito.**

Azarelli también expone a intendentes riojanos con falsas promesas

El alcance de los supuestos engaños atribuido a Aldo Azarelli ya no solo genera controversia en Brasil y entre inversores de Dubái, sino que salpica de lleno a la provincia de La Rioja.

En los últimos meses, Azarelli se presentó ante diversos intendentes de la provincia para promocionar y comercializar sus denominadas «expos», prometiendo desarrollo comercial e integración internacional. Sin embargo, la falta de concreción de sus proyectos y los graves antecedentes que acumula en el exterior han comenzado a encender las alarmas en los municipios riojanos, dejando expuestas a las autoridades locales que confiaron en sus propuestas y reabriendo el debate sobre el impacto de estas maniobras en la región.

Aquí las denuncias con números de expedientes en Brasil

El expediente que encabeza las pesquisas documentadas es el de Mariana Elisabet Turchio, quien exige la restitución de 2.910 USDT pagados para participar del evento. A pesar de que la propia organización anunció el 16 de junio que garantizaría la devolución íntegra a los afectados antes de finalizar ese mes, el dinero jamás fue acreditado. Ante la falta de respuestas, el caso fue formalmente radicado ante el Ministerio Público del Estado de Rio Grande do Sul (MPRS) —expediente N.º 00914.003.656/2026 en la Promotoria de Justiça de Torres—, el Ministerio Público de Río de Janeiro (MPRJ) bajo el Protocolo N.º 1121944, el PROCON, la Secretaría de Estado de Defensa del Consumidor (SEDCON-RJ) y el Ministerio de Justicia de Brasil (SENACON).

Sin embargo, las fuentes gubernamentales señalan que Turchio no es un caso aislado. Existen múltiples damnificados entre expositores y patrocinadores que abonaron sus parcelas por stands para una feria que no tiene fecha cierta de realización ni balance contable transparente. Las autoridades investigan cuántos espacios se vendieron, en qué wallets o cuentas bancarias ingresaron los activos digitales y qué destino se le dio a la suma total recaudada.

Grave esquema de promesas e inhabilitación internacional

Paralelamente, la investigación periodística revela un patrón aún más grave que salpica de lleno a Felipe de Simoni y Aldo Azarelli. Diversos damnificados de provincias argentinas denunciaron haber entregado sumas en efectivo a De Simoni bajo la promesa de destrabar conflictos aduaneros e impositivos en Brasil mediante presuntos contactos personales y pagos «por debajo de la mesa». Una vez cobrado el dinero, la gestión no se realizaba, las respuestas cesaban y el contacto se cortaba de manera unilateral. A esto se le suma un antecedente de fraude tributario denunciado por exsocios comerciales.

En este marco, la figura de Aldo Azarelli queda fuertemente comprometida. Azarelli prometió en reiteradas oportunidades la concreción de la Expo Brasil, un evento que no se realizó, no se realiza ni se realizará. De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, la situación legal de Azarelli en Brasil es de extrema gravedad: sobre él penderían pedidos de detención que le impiden ingresar a territorio brasileño.

La crisis trasciende incluso las fronteras sudamericanas. Azarelli tampoco puede ingresar a Dubái debido a la existencia de referentes e inversores de los Emiratos Árabes Unidos que resultaron severamente perjudicados económicamente por su accionar en la denominada Expo Sic Brasil.

Hoy, los Ministerios Públicos brasileños y las entidades de tutela colectiva del consumidor acopian documentación clave. La incógnita central que debe responder la justicia es una sola: ¿dónde está el dinero de los expositores y de los particulares que confiaron en la Expo CIIC 2026?

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